Costa Pobre: la Justicia frena el avance del Puerto Multimodal y abre investigación penal al Municipio En un giro inesperado en el proyecto Puerto Multimodal Ramallo, la Justicia dictó una medida cautelar de “no innovar” que suspende de manera inmediata todas las obras, desmontes y movimientos de suelo en la zona de Costa Pobre. La acción judicial se originó a partir de una denuncia penal presentada por la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA) junto a vecinos y vecinas del barrio, que advierten sobre graves irregularidades ambientales y posibles responsabilidades de funcionarios municipales. Según detalló el abogado de la ONG, Fabián Maggi, la medida cautelar responde a una investigación penal iniciada por el Ministerio Público Fiscal por hechos presuntamente delictivos. Entre los puntos señalados se incluyen intervenciones sin habilitación ambiental, movimientos de suelo en un área protegida y la destrucción del camino histórico de acceso al barrio, incluyendo la continuidad de la calle Traverso. “La cautelar no discute la propiedad de la tierra. No es un juicio civil, sino una investigación penal por la probable comisión de delitos. Nadie puede, por más escritura que tenga, meter máquinas y destruir un camino sin una orden judicial. La ley reprime ese tipo de conductas”, enfatizó Maggi. La resolución judicial establece que todas las actividades quedan suspendidas hasta que se presenten y aprueben los permisos legales correspondientes, incluida la Declaración de Impacto Ambiental, tal como exigen la Ley Provincial N° 11.723 y la Ley Nacional de Bosques Nativos N° 26.331, junto con su adhesión provincial. Además, nunca se realizó la Audiencia Pública obligatoria, una instancia esencial de participación ciudadana para proyectos con impacto ambiental significativo. Desde UPVA destacan que la falta de estudios ambientales válidos y de la Audiencia Pública constituye una irregularidad grave que refuerza la ilegalidad del proyecto y compromete directamente la responsabilidad del Municipio de Ramallo, que permitió por acción u omisión el avance de las obras. Maggi añadió que la investigación penal también alcanza a funcionarios públicos por posibles incumplimientos de deberes y falsedad ideológica en documentos oficiales, incluyendo al intendente Mauro Poletti y al menos una concejala del bloque oficialista. El impacto sobre los vecinos de Costa Pobre es directo: la destrucción del camino de ingreso dejó a familias aisladas, con especial gravedad para personas mayores y con problemas de salud, dificultando el acceso de ambulancias y servicios de emergencia, según constató personalmente el fiscal. La ONG reclama una respuesta política inmediata y que los funcionarios municipales expliquen cómo repararán el camino destruido y garantizarán la seguridad y el acceso al barrio. “Hoy no se trata de opiniones, hay un dictamen del Ministerio Público Fiscal y una decisión del Poder Judicial. La discusión debe elevarse a ese nivel”, concluyó Maggi.  NORTE HOY Opinión pública: El freno judicial al Puerto Multimodal en Costa Pobre genera un debate clave sobre el rol del Estado municipal frente a proyectos privados con impacto ambiental. Vecinos y ONG sostienen que la decisión refuerza la necesidad de controles rigurosos y participación ciudadana efectiva antes de autorizar emprendimientos de esta magnitud.
